lunes, 21 de abril de 2014

Como si no hubieran pasado cien años



Europa se desangraba en guerra y en la España neutral anidaba el capitalismo, con un sistema político caduco, sitiado por la corrupción, con la cuestión social sin resolver, delirios militares para un desastre y el comportamiento “poco ejemplar” de un rey que no tenía ningún yerno pero se las bastaba solo.

Salvando las distancias, 1914 no queda tan lejos. Ha pasado desapercibida la efeméride de la presentación de la Liga de Educación Política Española, el 23 de marzo de ese año, en el Teatro de la Comedia de Madrid. Entre los nueve firmantes de su manifiesto fundacional, liderados por Ortega y Gasset y a los que en poco tiempo se unió una larga lista de adhesiones, se encontraba un leonés, Gabriel Gancedo (lacianiego, comerciante y hoy olvidado).

El prospecto hace una demoledora crítica a los partidos que se turnaban en el poder, sin mudar ni las pautas más esenciales como si eso de la ideología fuera solo cosa de escaparate y sin pisarse el pie más de la cuenta, hoy por ti y mañana por mí. Alude a “la manifiesta incapacidad de los viejos partidos, de las instituciones antiguas, de las ideas tópicas para prolongar su existencia aparente… Solo conservan la actitud de los escombros para ahogar bajo su gravamen nuevas germinaciones”, y de que “el partido que ahora gobierna patrocina la incompetencia, fabrica inercias y discute jefaturas. Como españoles solo podemos desearle una muerte feliz”.

Pero, lejos de lamentos, la Liga de Educación Política Española hablaba de soluciones nuevas a problemas y errores viejos, con una participación directa de los ciudadanos en la vida política, para no dejar hacer a los “que no sirven para otra cosa” pero llevaban media vida de cargo en cargo con el único aval de la genealogía o grandes artes en el ejercicio de trepar.

Piensa uno en todo eso al leer la entrevista al fiscal jefe de la Audiencia Provincial en este periódico. Emilio Fernández habla con una claridad poco acostumbrada de cómo se utilizan los recursos jurídicos para dilatar procesos judiciales, como en el caso de los kilometrajes; de la falta de control sobre los dineros públicos, como en el presunto fraude en las subvenciones al carbón; o de la escasa colaboración de quienes no suministran documentación requerida por los tribunales, como en la presunta administración desleal por la concesión de créditos en Caja España-Caja Duero.

Y esos tres ejemplos son solo pequeñas avispas de un enjambre tan insoportable como el de aquel 1914. Como si no hubieran pasado cien años.

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