lunes, 2 de junio de 2014

Estridencia sin fin



No se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Puede que las dos cosas, pero la noticia de que los mineros boicotearán los trabajos de restauración de los cielos abiertos en Laciana y Babia si no son contratados suena como un estribillo de rock, pura estridencia, idea de ectoplasma y tejemaneje de alguno –o alguna– que ya no sabe qué hacer para ocultar sus vergüenzas.

Los trabajos solo van a contar, por lo visto, con uno de los 250 empleados de estas explotaciones abandonadas, clausuras y paralizaciones judiciales mediante, cuando no liquidación de empresa como única forma de escapatoria. Lo de mineros mejor dejarlo, con perdón, porque durante muchos años todos –administración, sindicatos y los propios trabajadores– prestaron su consentimiento al desempeño laboral sin estar incluidos en el régimen especial de la minería, siendo en general asalariados de subcontratas como movedores de tierras, conductores de maquinaria pesada o peones sin más.

Es una pena que los desplegables fueran gastados hace unos años para vender puestos de trabajo, recreaciones virtuales de restauraciones subvencionadas que no se hicieron, promesas de futuro y un plan especial para más que se intentó colar a Europa con la intención de favorecer a determinado holding. Es una verdadera pena, sí, porque ya no debe quedar espacio y por eso de refilón aparece un día que aquel maravilloso plan se ha caído (como si alguna vez hubiera sido factible que llegase a algo) o que la Junta de Castilla y León habilita una partida de 7,5 millones de euros para acometer subsidiariamente estas restauraciones; pero no pensar mal, es un dinero adelantado, porque luego exigirá a las empresas mineras que lo paguen. ¿No decía hace tanto el portavoz del gobierno autonómico que las restauraciones se harían con cosa de 2 millones de euros, procedentes del aval depositado por la empresa al iniciar la explotación? Qué risa, como la hipocresía del PSOE en las Cortes o en las declaraciones de las alcaldesas Ana Luisa Durán o Lina Freire, corresponsables ambas, entre otros muchos, de toda esta irresponsabilidad.

El año pasado, la Junta anunciaba a bombo y platillo un plan especial de empleo para las comarcas mineras, dotado con un millón de euros. ¿Se imaginan lo que se podría haber hecho con estos 7,5 millones con que vamos a empezar a pagar todos, a fondo perdido, la restauración de ilegalidades sin fin por las que no solo nadie ha asumido responsabilidades, sino que se están repitiendo ahora mismo en Catisa?

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